Los fiscales generales de Arizona, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska y Virginia Occidental han presentado demandas contra OpenAI. Sostienen que las herramientas de inteligencia artificial de la empresa pueden poner en riesgo a menores y que sus prácticas vulneran las leyes de protección al consumidor. Las acusaciones también plantean que la compañía siguió desarrollando sus productos pese a conocer la necesidad de reforzar las salvaguardas para los usuarios más vulnerables.
El punto crítico: respuestas sobre autolesiones
Una de las principales preocupaciones de las fiscalías es que ChatGPT pueda ofrecer información sobre autolesiones e incluso instrucciones para el suicidio. El fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, afirmó que algunos usuarios consiguieron sortear las barreras de seguridad y obtener respuestas que, según la propia empresa, esos mecanismos debían impedir.
La denuncia sitúa el debate en la eficacia práctica de los controles: no basta con que una empresa declare que dispone de medidas de protección si estas pueden eludirse y producir contenido de alto riesgo. La cuestión que deberán examinar los tribunales es qué sabía OpenAI sobre esas limitaciones, cómo respondió y si sus actuaciones cumplieron las obligaciones legales aplicables.
La edad y la responsabilidad de informar
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, cuestionó que OpenAI no adoptara suficientes medidas de protección y transparencia pese a saber que los menores utilizaban habitualmente el chatbot. Dijo que busca proteger a los niños del estado y exigir responsabilidades a la compañía por presuntas infracciones reiteradas.
ChatGPT permite registrarse desde los 13 años, mientras que los menores de 18 necesitan autorización de sus padres o tutores. OpenAI asegura que estima la edad mediante información facilitada por los usuarios y señales de comportamiento, y que puede pedir verificaciones adicionales. Sin embargo, la existencia de un requisito de autorización no resuelve por sí sola cómo se comprueba la edad ni si las familias reciben información suficiente sobre los riesgos y las opciones de supervisión.
La respuesta de OpenAI, bajo examen
La empresa sostiene que trabaja para mejorar la seguridad y reconoce que ningún sistema puede ser perfecto. Un representante afirmó que seguirá colaborando con expertos y citó salvaguardas ya disponibles, como controles parentales, recordatorios para descansar y protecciones del modelo adaptadas a la edad. Esa respuesta describe medidas, pero no zanja la controversia central: si son adecuadas para prevenir daños previsibles y si se aplican con eficacia cuando el usuario es menor.
Un litigio dentro de un debate más amplio
Las demandas se suman a otros procedimientos contra OpenAI. En Canadá, la familia de una joven gravemente herida en un tiroteo escolar sostiene que la compañía conocía los planes del presunto atacante y no alertó a las autoridades. Se trata de un caso distinto y sus alegaciones no equivalen a conclusiones judiciales, pero ambos litigios ponen sobre la mesa preguntas sobre el conocimiento de riesgos y la reacción empresarial ante ellos.
El alcance de las ocho acciones dependerá de las pruebas y de las leyes de cada estado. Sus resultados podrían influir en qué estándares se exigen a los servicios de IA dirigidos a públicos jóvenes, especialmente en materia de evaluación de riesgos, comunicación con las familias y respuesta ante contenidos dañinos. Por ahora, las demandas expresan acusaciones que deberán resolverse en los tribunales; no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.