La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalizó el 6 de octubre de 2026 el bloqueo de empresas con operaciones en Tijuana y Mexicali, tras vincularlas presuntamente con la estructura financiera del Cártel de Sinaloa. La medida, adoptada inicialmente el 29 de septiembre, inmoviliza los bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y compañías de ese país realizar transacciones con los negocios señalados.
Casas de cambio y gasolineras, entre las entidades afectadas
El listado incluye a Galerías Centro Cambiario, conocida como Magic Casa de Cambio, en Tijuana, y a Mía Centro Cambiario, en Mexicali. La primera fue relacionada con Ilia Elizabeth Félix Rivera; la segunda, con José Ángel Rivera Zazueta, también identificado como Miguel Ángel Rivera Salas y “El Flaco”. Rivera Zazueta aparece además vinculado con Rivos Servicios, empresa de apoyo al transporte con sede en Culiacán.
También fueron bloqueadas Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, de Mexicali, vinculada con Pedro Ariel Mendívil García, y Xolo Gas de Baja California, de Tijuana, asociada con Jerónimo Javier Vera Ayala. El mismo empresario figura como propietario de Codesuam, dedicada a maquinaria industrial y eléctrica, y de Grupo Baja Firme, del sector agrícola.
El alcance abarca sectores diversos
La acción estadounidense se extendió a hoteles, inmobiliarias, restaurantes, bares, empresas de transporte, almacenamiento, publicidad y entretenimiento. Entre las entidades incluidas aparecen Servicios Hoteleros Gastélum, Baja Fixer Group, Edifika Desarrollos Baja, Raes Restaurante, The Woods Bar, Vida Orgánica Tijuana, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Promociones CHF de Baja California y Lthings Mexico.
La amplitud del listado muestra que la OFAC no limitó la medida a negocios financieros o de combustibles: identificó una red empresarial diversificada, con actividades capaces de facilitar circulación, inversión o cobertura patrimonial. La inclusión de propietarios y sociedades relacionadas permite aplicar las restricciones más allá de una sola razón social. La resolución entró en vigor de inmediato y la consulta del listado permanece disponible en los canales oficiales de la autoridad estadounidense.