Una semana después del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá el 9 de octubre, 15.139 personas de 4.485 familias han resultado afectadas y 3.696 permanecen en 46 albergues, según el balance presentado por el Gobierno. La provincia de Veraguas concentra a 2.569 de las personas alojadas temporalmente. Mientras continúan las labores de recuperación, las cifras muestran que la emergencia ha pasado de la respuesta inmediata a una tarea prolongada de alojamiento, reparación de servicios y restablecimiento de la vida cotidiana.
La vivienda, principal desafío de la recuperación
El Gobierno evalúa más de 2.300 viviendas dañadas y comenzó a habilitar las primeras 300 soluciones habitacionales. El programa combina construcción de casas, reparaciones y entrega de materiales, una respuesta que deberá adaptarse a las condiciones de cada hogar y comunidad. La diferencia entre el número de viviendas en evaluación y las soluciones inicialmente previstas evidencia la dimensión del trabajo pendiente, aunque el balance no detalla cuántas familias podrán regresar pronto a sus casas ni los plazos de reconstrucción.
La persistencia de miles de personas en albergues convierte la vivienda en una prioridad que va más allá de levantar estructuras: determina cuándo las familias pueden recuperar rutinas, retomar sus actividades y reducir su dependencia de la asistencia. El secretario de Metas y ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, señaló que las medidas buscan precisamente apoyar ese retorno a la vida cotidiana.
Servicios esenciales y acceso a las comunidades
El impacto también alcanza a la red sanitaria. Seis instalaciones deberán reconstruirse, entre ellas cinco centros de salud y el Hospital de Tonosí. Otros cuatro hospitales retomaron parcialmente sus operaciones, mientras siguen las inspecciones y reparaciones en distintas unidades. Esta recuperación gradual permite restablecer parte de la atención, pero la reconstrucción pendiente apunta a necesidades que no se resolverán con la reapertura parcial de los servicios.
En educación, el Ministerio inspeccionó 500 centros escolares para determinar si reúnen condiciones de seguridad antes del retorno progresivo a las clases presenciales. La revisión es un paso necesario para evitar que la normalización del calendario escolar dependa solo de la disponibilidad de aulas: también requiere verificar que los edificios sean seguros.
Las autoridades rehabilitan carreteras y puentes afectados y mantienen habilitadas rutas para facilitar el transporte de ayuda hacia las comunidades damnificadas. La conectividad incide tanto en la distribución de suministros como en la posibilidad de que los equipos de emergencia evalúen daños y que los residentes accedan a servicios. Por vía aérea y marítima fueron evacuadas 415 personas.
Asistencia y cooperación internacional
Como parte de la respuesta, se distribuyeron 19.500 bolsas de alimentos y más de 600.000 litros de agua. Más de 19.000 integrantes de los cuerpos de seguridad y emergencia participan en operaciones de evaluación, asistencia social y apoyo logístico. El Ministerio de Desarrollo Social informó además de miles de atenciones de trabajo social y apoyo psicológico, relevantes en una emergencia cuyo efecto se extiende más allá de los daños materiales.
Icaza agradeció la cooperación de Estados Unidos, que envió suministros para unas 12.000 personas, equipos y personal especializado. Venezuela aportó 40 toneladas de medicamentos e insumos médicos. Estas contribuciones complementan la respuesta nacional, especialmente en abastecimiento y atención sanitaria, mientras avanzan las reparaciones y se precisan las necesidades de las comunidades.
Hasta la fecha, las autoridades reportan una víctima mortal: una mujer de 68 años originaria de Macaracas, en la provincia de Los Santos. El balance reúne así pérdidas humanas, desplazamiento y daños en vivienda e infraestructura. La evolución de la emergencia dependerá de que la asistencia inmediata se traduzca en soluciones habitacionales duraderas y en la recuperación segura de los servicios públicos.