El retraso en la firma de un convenio para retirar postes y cables en desuso o en mal estado en Tijuana no es solamente un asunto administrativo entre el Ayuntamiento, las empresas de telecomunicaciones y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para los habitantes, el problema se refleja en banquetas obstruidas, infraestructura deteriorada, posibles riesgos para peatones y una imagen urbana que se vuelve más difícil de ordenar.
La regidora Gina Arana cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA) porque el plazo de 90 días para concretar el acuerdo venció en junio. Durante la comparecencia de la dependencia, además, se estableció el compromiso de firmarlo en un mes. El hecho de que el convenio siga pendiente significa que una ruta anunciada para atender el problema todavía no se convierte en un mecanismo operativo con responsabilidades y fechas verificables.
La afectación empieza en la banqueta
Para una persona que camina, usa silla de ruedas, lleva una carriola o se desplaza con una persona mayor, un poste mal ubicado o un conjunto de cables sueltos puede convertir una banqueta estrecha en un trayecto inseguro. Cuando el paso está bloqueado, el peatón suele bajar al arroyo vehicular o rodear el obstáculo por zonas sin condiciones adecuadas. En calles con tráfico intenso, esa desviación aumenta la exposición a un accidente.
El riesgo no depende únicamente de que un cable esté a punto de caer. También existe cuando los postes ocupan espacio público sin una función visible, cuando las estructuras presentan daños o cuando las instalaciones se acumulan sin que quede claro qué empresa debe retirarlas. La falta de un acuerdo coordinado puede prolongar esa incertidumbre: cada actor puede atribuir la responsabilidad a otro y la autoridad queda con menos herramientas para exigir una solución integral.
Qué cambia para vecinos y comercios
En zonas con actividad comercial, la infraestructura abandonada puede afectar accesos, visibilidad de negocios y circulación de clientes. Un poste colocado frente a una entrada o cables que cuelgan sobre el espacio peatonal no solo deterioran la imagen de la calle; también pueden complicar entregas, mantenimiento y atención a personas con movilidad reducida. Para quienes viven en áreas con crecimiento urbano acelerado, la acumulación de instalaciones puede anticipar un problema mayor si nuevas conexiones se colocan sin retirar las anteriores.
La ciudadanía no debe interpretar la eventual firma del convenio como una garantía de retiro inmediato en toda la ciudad. El acuerdo tendría que traducirse en un inventario de postes y cables, criterios para determinar cuáles están en desuso o representan un peligro, responsables identificables, prioridades por nivel de riesgo y un calendario público. Sin esos elementos, la firma puede convertirse en otro anuncio sin efectos visibles para las calles.
El punto clave: quién responde y cuándo
La coordinación entre el Ayuntamiento, la SDTUA, las compañías de telecomunicaciones y la CFE es necesaria porque la infraestructura puede tener distintos propietarios y cumplir funciones diferentes. Sin embargo, esa complejidad institucional no debería trasladarse al ciudadano. Cuando un vecino reporta un poste dañado o cables abandonados, necesita saber ante qué autoridad presentar la queja y recibir una respuesta sobre la inspección y la solución.
El convenio también debería definir qué ocurre cuando una empresa no cumple, cómo se documenta una instalación sin uso y quién actúa ante una emergencia. La ausencia de reglas claras puede provocar que se atiendan únicamente los casos más visibles, mientras permanecen otros obstáculos en colonias con menor capacidad de gestión vecinal. La transparencia del proceso será tan importante como el retiro físico: publicar avances permitiría comprobar si las promesas se están cumpliendo y evitaría que los plazos vuelvan a quedar abiertos.
Un pendiente dentro de una agenda más amplia
Arana mencionó este asunto durante su segundo informe de actividades como regidora, junto con iniciativas aprobadas sobre vidrios polarizados, multas por obstruir intersecciones y movilidad. La relación entre esos temas es directa: todos influyen en cómo se comparte el espacio público y en qué medida las calles pueden ser utilizadas de forma segura por peatones, automovilistas y usuarios del transporte.
Las multas por obstruir intersecciones buscan ordenar conductas particulares, mientras que el retiro de postes y cables exige que las instituciones y empresas también cumplan con una responsabilidad sobre el entorno urbano. No sería coherente pedir a los ciudadanos que respeten las reglas de movilidad si la infraestructura pública permanece desordenada o impide el paso. La calidad de una política urbana se mide tanto por sus sanciones como por la capacidad de las autoridades para corregir los obstáculos que ellas mismas deben coordinar.
Qué puede exigir la población
La información más relevante para los habitantes será conocer la nueva fecha de firma, el contenido del convenio y el primer listado de puntos que serán atendidos. También resulta razonable pedir que los reportes incluyan ubicación, tipo de instalación, empresa responsable, fecha de inspección y estado de la solución. Esa información permitiría distinguir entre un retiro programado, una reparación provisional y un caso que permanece pendiente.
Mientras el acuerdo no se concrete, quienes detecten cables caídos, postes inclinados o bloqueos peligrosos deben reportarlos por los canales municipales y, cuando exista riesgo eléctrico, evitar acercarse o manipular la instalación. El reclamo ciudadano puede ayudar a visibilizar los puntos críticos, pero no sustituye la obligación institucional de organizar el retiro. La verdadera respuesta al retraso será observable cuando los compromisos tengan responsables, fechas y resultados en las calles de Tijuana.