Robert Rubin, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, advierte que las elecciones legislativas de noviembre de 2026 podrían convertirse en una prueba decisiva para el Estado de derecho y, al mismo tiempo, en un riesgo económico de alcance nacional. En un artículo publicado esta semana, sostiene que el presidente Donald Trump y sus aliados ya han debilitado las condiciones para unos comicios libres y podrían intentar interferir en el recuento o bloquear la incorporación de legisladores demócratas elegidos legalmente.
La amenaza que los mercados aún subestiman
Rubin menciona la difusión de acusaciones infundadas de fraude, la reducción de defensas frente a la injerencia extranjera y la presión sobre los estados para utilizar una base de datos controvertida en la depuración de padrones. También expresa preocupación por un eventual despliegue de agentes federales armados, la confiscación de urnas o el uso de la Ley de Insurrección, posibilidades que Trump no ha descartado explícitamente.
El impacto, según el ex funcionario, no se limitaría al conflicto político. La inversión empresarial ya muestra debilidad y la incertidumbre de las pequeñas empresas se encuentra un 32 % por encima de su promedio histórico, de acuerdo con la NFIB. Una disputa electoral prolongada podría frenar decisiones de inversión, alterar los mercados de acciones y bonos y aumentar la prima de riesgo exigida a la deuda estadounidense.
Rubin vincula esa posibilidad con el rendimiento del bono del Tesoro a diez años, que recientemente alcanzó el 5,36 %, por encima del nivel registrado tras la crisis financiera de 2008. Una mayor desconfianza en la capacidad institucional para resolver los problemas fiscales elevaría los costos de financiamiento del Gobierno y encarecería las hipotecas y las tarjetas de crédito. La conclusión central es que la transferencia pacífica del poder no es solo una garantía política: sostiene la confianza en el dólar, atrae capital extranjero y reduce el costo de la deuda. Por ello, reclama a empresas, autoridades estatales y organizaciones civiles una defensa pública e imparcial de la integridad electoral.