El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, Octavio Sandoval López, criticó que el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, se separara temporalmente del cargo para competir por la coordinación estatal de Morena. A juicio del empresario, la pausa mostró que el gobierno municipal no fue prioridad para el alcalde y expuso una tensión entre las aspiraciones electorales de los funcionarios y las obligaciones del puesto que ocupan.

La continuidad municipal, en el centro del cuestionamiento

Burgueño dejó temporalmente la presidencia municipal mientras buscaba la coordinación estatal del partido. Al no obtenerla, retomó el cargo el 18 de septiembre. Sandoval sostuvo que, durante esos tres meses, la ciudad quedó sin la atención que debía recibir de su gobernante y objetó que el Ayuntamiento le hubiera reservado el puesto para su regreso.

“El alcalde se fue tres meses y los abandonó”, dijo Sandoval al responder a ZETA. Su crítica no se limitó a la ausencia: afirmó que quienes gobiernan deben dedicar su tiempo a las responsabilidades para las que fueron elegidos. La representación municipal, argumentó, implica atender las necesidades de la ciudad, no utilizar el cargo como una plataforma temporal mientras se busca otra posición política.

El dirigente empresarial también cuestionó que la reincorporación esté permitida después de que un funcionario se separa para probar suerte en una contienda interna o electoral. En su opinión, el puesto no es patrimonio de quien lo ocupa: propuso una reforma para que quien decida irse no pueda volver al cargo.

Una controversia que va más allá de una licencia

El episodio plantea una cuestión de rendición de cuentas: qué ocurre con la conducción de una ciudad cuando su alcalde se ausenta por una aspiración política y luego reasume el puesto. Sandoval relacionó la eficacia gubernamental con la competencia, la supervisión y la exigencia pública. La ausencia, desde esa perspectiva, no es solo un cambio administrativo; también pone a prueba la continuidad de las decisiones y la claridad sobre quién responde por ellas.

Sin embargo, sus declaraciones no incluyen una evaluación detallada de servicios, obras o decisiones municipales durante el periodo en que Burgueño estuvo separado. Por ello, la afirmación de que los habitantes fueron “abandonados” debe entenderse como el juicio político del presidente empresarial, no como una medición documentada del desempeño del Ayuntamiento en esos meses.

La crítica también se produce en un contexto partidista específico. Sandoval preside el CCE de Mexicali, donde la alcaldesa Norma Bustamante Martínez también está identificada con Morena. Ese dato ubica sus comentarios dentro del debate sobre el ejercicio de cargos municipales, pero la información disponible no indica que el dirigente haya extendido el señalamiento a la alcaldesa de su municipio ni que haya presentado una comparación entre ambos gobiernos.

El próximo proceso electoral mantiene abierta la discusión

El 4 de octubre, durante un acto por su segundo informe de gobierno celebrado en Campo Mariano Matamoros, en la Zona Este de Tijuana, Burgueño confirmó que volvería a participar en la contienda interna de Morena con miras a buscar de nuevo la presidencia municipal en el proceso electoral 2026-2027. Según la Base Tercera de la convocatoria correspondiente, esta vez no tendría que separarse del cargo.

Ese cambio modifica el escenario inmediato, pero no elimina el debate sobre el uso del tiempo de gobierno. Sandoval sostuvo que, si el tiempo no alcanza para gobernar, menos aún para hacer campaña. A la vez, reconoció que los tijuanenses podrán “rectificar o ratificar” su decisión el próximo año. La elección, por tanto, aparece en sus declaraciones como una instancia de evaluación ciudadana, aunque no resuelve por sí sola la pregunta sobre las obligaciones durante el mandato.

El empresario señaló que la no reelección entrará en vigor a partir de 2030 y dijo que, a su parecer, debió aplicarse desde 2027, como habría estado contemplado inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su postura conecta dos discusiones distintas: el derecho de los funcionarios a competir por continuidad política y el deber de mantener atención plena en el cargo. El calendario y las reglas electorales determinarán quién puede participar; el debate público, en cambio, seguirá concentrado en cómo se exige responsabilidad mientras gobierna.

La propuesta de Sandoval y sus límites

Impedir el regreso de un funcionario que deja su puesto para buscar otra candidatura supondría una reforma con consecuencias para la continuidad institucional y las reglas de participación política. La propuesta de Sandoval expresa una demanda de responsabilidad, pero la información sobre sus declaraciones no especifica cómo se cubrirían las vacantes ni qué excepciones corresponderían. Esos aspectos serían centrales para valorar cualquier cambio, junto con las garantías de que una medida de ese tipo se aplique de manera general y no según la identidad partidista del funcionario.

Sandoval formuló sus críticas el viernes 16 de octubre, como invitado en una sesión del Consejo Ciudadano de Organizaciones Independientes, presidido por Carlos Atilano Peña, en la Zona Río de Tijuana. En el encuentro también se pronunció por impulsar candidaturas independientes para el proceso electoral de 2026-2027. Sus intervenciones sitúan la separación de Burgueño dentro de una discusión más amplia sobre competencia electoral, responsabilidades de gobierno y mecanismos para que el electorado evalúe a sus representantes.