La Sindicatura Procuradora de Tijuana solicitó la suspensión temporal de Erik Enrique Lazcano Portillo, funcionario municipal investigado por presunto abuso de funciones en dos procedimientos administrativos vinculados con el desarrollo habitacional Up Town, en El Mirador de La Mesa. La medida se relaciona con señalamientos sobre una prórroga de licencia de construcción y un oficio relativo a una sobreposición catastral y posibles omisiones sobre las amenidades del proyecto.

La solicitud de suspensión no equivale a una declaración de responsabilidad. La sindicatura precisó que la investigación sigue en curso y que, al tratarse de hechos que podrían constituir una falta administrativa grave, el expediente será remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para que las autoridades competentes valoren las pruebas y determinen lo procedente.

El alcance de la prórroga, bajo revisión

Uno de los procedimientos se centra en una prórroga de licencia de construcción emitida el 8 de junio de 2026. Según la denuncia, para entonces había daños en inmuebles colindantes y estaba vigente una resolución del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana que limitaba las labores permitidas en el predio.

La resolución autorizaba únicamente trabajos indispensables para estabilizar el terreno y construir o concluir el muro de contención. No permitía continuar de manera general el proyecto habitacional ni ejecutar obras adicionales. Entre las actividades excluidas figuraban construir viviendas, urbanizar y realizar movimientos extra de tierra, por considerarse distintas de las necesarias para estabilizar el terreno.

La cuestión administrativa no es solo si se expidió una prórroga, sino si esta respetó los límites judiciales y las disposiciones de la Dirección de Protección Civil. La sindicatura investiga si el funcionario utilizó sus atribuciones de manera indebida al autorizarla bajo esas condiciones. La conducta señalada podría encuadrar en abuso de funciones, falta grave prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; esa posibilidad deberá establecerse mediante el procedimiento correspondiente.

Dos expedientes y una revisión pendiente

El segundo expediente aborda una denuncia relacionada con un oficio sobre una sobreposición catastral y posibles omisiones respecto de las amenidades del desarrollo. La información disponible no detalla el contenido íntegro del documento ni precisa qué efectos tuvo, por lo que esos aspectos forman parte del contexto denunciado y no deben confundirse con hechos acreditados.

La coexistencia de ambos procedimientos pone el foco en cómo se tramitan las autorizaciones urbanas cuando hay controversias sobre el predio, daños a propiedades vecinas y restricciones dictadas por un tribunal. En estos casos, la trazabilidad de las decisiones —qué permiso se otorgó, bajo qué condiciones y con qué fundamento— resulta central tanto para determinar responsabilidades como para proteger a terceros y dar certidumbre al desarrollo de las obras.

La decisión corresponde a las autoridades competentes

El expediente pasará al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que deberá examinar los elementos reunidos y resolver conforme al procedimiento. Hasta entonces, la suspensión solicitada es una medida dentro de una investigación, no una sanción definitiva ni prueba de que se cometió una falta. El desenlace permitirá determinar si la prórroga excedió las labores autorizadas y si el funcionario incurrió en responsabilidad administrativa.