Las elecciones de este fin de semana en Serbia no se reducen a una disputa entre un presidente con doce años de predominio político y una candidatura estudiantil surgida de las protestas. Lo que está en juego es la continuidad de un sistema de poder que ha combinado crecimiento, control institucional y pragmatismo internacional con un deterioro sostenido de los contrapesos democráticos. Aleksandar Vučić llega a la cita electoral como el dirigente serbio más influyente desde la caída de Slobodan Milošević, pero también como el principal responsable de una contradicción que ya no puede administrar únicamente con retórica: una parte creciente de la sociedad exige un Estado de derecho que el propio sistema ha debilitado.

El antiguo ministro de Información de Milošević ha recorrido un largo camino desde el nacionalismo radical de los años noventa hasta el nacionalismo pragmático del Partido Progresista Serbio, fundado en 2008. Ese desplazamiento ideológico le permitió presentarse como reformista ante Bruselas sin abandonar los símbolos, agravios y reflejos identitarios que conectan con sectores conservadores y prorrusos de la población. Su mayor habilidad no ha sido escoger entre Oriente y Occidente, sino convertir la ambigüedad en una herramienta de gobierno. Serbia aspira formalmente a ingresar en la Unión Europea, mantiene vínculos económicos con China y Turquía, conserva una relación de proximidad con Rusia y cultiva acuerdos con Israel. Vučić ha hecho de esa posición intermedia un recurso de supervivencia política.

El poder se construyó mucho antes de la campaña

La trayectoria del presidente explica por qué su ventaja electoral no depende solo de la popularidad o de los resultados económicos. En los años noventa, cuando ocupaba responsabilidades en el entorno de Milošević, Vučić participó en una cultura política marcada por la intimidación de los medios y la identificación del disenso con la traición nacional. La experiencia le proporcionó un aprendizaje que sigue siendo central: controlar la agenda pública es tan importante como controlar las instituciones formales. Las restricciones a los periodistas de aquella época no desaparecieron con su transformación partidista; fueron sustituidas por métodos más sofisticados de concentración mediática, presión política y construcción de una presencia presidencial permanente.

Cuando el Partido Progresista ganó las elecciones de 2014, Vučić pudo presentarse como el dirigente capaz de estabilizar un país cansado de las guerras, las sanciones y las crisis de transición. Su discurso liberal y favorable a la integración europea coincidió con la apertura de negociaciones entre Belgrado y Bruselas y con el intento de normalizar las relaciones con Pristina. Sin embargo, la moderación del lenguaje exterior no implicó una liberalización equivalente del poder interno. El cambio consistió, sobre todo, en adaptar el nacionalismo a las condiciones económicas y diplomáticas del momento.

Ahí se encuentra la primera clave del modelo serbio: la estabilidad se ofrece como un bien colectivo, pero se organiza alrededor de una concentración personal del poder. El Partido Progresista no solo domina las instituciones; también ha construido redes clientelares capaces de conectar el voto con el empleo, los contratos públicos y el acceso a recursos locales. La advertencia del balcanólogo Miguel Roán sobre las pequeñas ciudades y los pueblos resulta decisiva: cuando el ciudadano cree que su voto puede tener consecuencias laborales o personales, la competencia electoral deja de ser plenamente libre aunque la jornada de votación transcurra sin incidentes visibles.

La protesta estudiantil convirtió el malestar en una alternativa

La movilización estudiantil que brotó en 2024 alteró el equilibrio del sistema porque transformó un descontento disperso en una demanda política reconocible. La corrupción, el clientelismo y la captura del Estado dejaron de aparecer como problemas aislados y empezaron a interpretarse como partes de una misma arquitectura. La coalición que ahora se presenta como Lista Estudiantil reúne sensibilidades diversas, pero comparte una prioridad: reformar las instituciones antes que sustituir simplemente a un partido por otro. Su lema, “Serbia o mafia”, condensa una acusación y una promesa. La acusación es que la política funciona como una red de intereses protegidos; la promesa es que la renovación debe comenzar por la responsabilidad pública, la independencia judicial y la transparencia.

El dato más revelador no está en las previsiones electorales, sino en el clima social que las hace posibles. Una encuesta de CRTA y del Democracy Action Lab de la Universidad de Stanford mostró en junio que seis de cada diez serbios estaban insatisfechos con el funcionamiento de la democracia. Esa cifra no equivale automáticamente a votos para la oposición, pero sí indica que la legitimidad del modelo se ha erosionado por debajo de la superficie electoral. La ciudadanía puede valorar la estabilidad, el crecimiento o la protección de la soberanía y, al mismo tiempo, considerar que el sistema es injusto. Esa combinación es especialmente peligrosa para un gobierno: no genera necesariamente una ruptura inmediata, pero reduce la capacidad de absorber crisis futuras.

La protesta estudiantil también cambia el lenguaje de la oposición. Durante años, la confrontación con Vučić podía ser presentada por el oficialismo como una disputa entre fuerzas nacionalistas, proeuropeas o directamente subordinadas a intereses extranjeros. Los estudiantes introducen otra división: instituciones frente a redes de poder. Su defensa de una relación más estrecha con la Unión Europea no se limita a una preferencia geopolítica; está ligada a la expectativa de contar con estándares externos, mecanismos de supervisión y límites más firmes a la arbitrariedad interna. La UE aparece así como una garantía posible de reforma, aunque esa imagen también está dañada por la tolerancia de Bruselas hacia el deterioro democrático serbio.

El litio revela el precio material del pragmatismo

El proyecto de explotación de litio en el valle de Jadar muestra con claridad cómo se cruzan las prioridades de los distintos actores. Para Vučić, el yacimiento representa inversión, empleo y una prueba de que Serbia puede negociar con las grandes potencias desde una posición de relevancia estratégica. Para la Unión Europea, y en particular para la industria automovilística alemana, el mineral puede contribuir a reducir la dependencia de China en la transición hacia el vehículo eléctrico. Para muchas comunidades locales y organizaciones ciudadanas, en cambio, el proyecto simboliza los riesgos de una decisión tomada con garantías ambientales y democráticas insuficientes.

El conflicto no se reduce a la oposición entre desarrollo y ecología. El problema central es quién define el interés público y bajo qué controles. Si el Gobierno puede cerrar acuerdos estratégicos con multinacionales mientras la población duda de la independencia judicial, de la transparencia administrativa y de la calidad de la evaluación ambiental, la inversión deja de percibirse como una oportunidad compartida y pasa a interpretarse como una concesión entre élites. El litio ha convertido una cuestión industrial en una prueba de legitimidad política.

Esta tensión afecta directamente a varios sectores. La industria europea necesita asegurar minerales críticos y cadenas de suministro más próximas, pero la velocidad de esa estrategia puede reforzar gobiernos que ofrecen acceso rápido a los recursos a cambio de una supervisión limitada. Las empresas, por su parte, obtienen previsibilidad regulatoria cuando el Ejecutivo concentra el poder, aunque esa previsibilidad puede ser frágil: una alternancia conflictiva o una protesta social prolongada puede paralizar proyectos, elevar los costes jurídicos y deteriorar la reputación corporativa. El caso serbio anticipa una disyuntiva que se repetirá en los Balcanes y en otros países candidatos: la transición energética no será políticamente sostenible si se percibe como una excepción al Estado de derecho.

Bruselas ha comprado estabilidad y ha perdido influencia

El informe de 2026 de la Comisión Europea identifica problemas en la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia, el pluralismo mediático y los contrapesos institucionales. No se trata de una crítica secundaria. Esos elementos determinan si las reformas exigidas para entrar en la Unión pueden aplicarse de forma creíble o si se convierten en una lista de compromisos formales. La política europea hacia Serbia ha privilegiado durante años la estabilidad regional, la cooperación en seguridad y la posibilidad de mantener abierto el proceso de adhesión. El resultado ha sido una relación transaccional: Belgrado ofrece cooperación en asuntos sensibles y Bruselas modera su presión democrática.

El coste de esa estrategia es visible en la opinión pública. Si la Unión denuncia el retroceso institucional en sus informes, pero simultáneamente prioriza el acceso al litio y mantiene una relación fluida con el Gobierno, muchos ciudadanos interpretan que los principios europeos tienen un precio. La percepción de doble rasero debilita a quienes defienden una integración más estrecha y alimenta la narrativa oficial de que Serbia puede obtener beneficios europeos sin aceptar una transformación política profunda.

Las relaciones exteriores añaden otra capa de complejidad. La negativa de España a reconocer Kosovo facilita la cordialidad entre Belgrado, las empresas españolas y las autoridades serbias, pero también muestra hasta qué punto la cuestión territorial condiciona la política europea. Mientras la Lista Estudiantil apuesta por aproximarse a la UE, Vučić puede presentar cualquier presión sobre Kosovo o sobre la soberanía serbia como una amenaza externa. Su pragmatismo no elimina el nacionalismo; lo reactiva cuando resulta útil para consolidar apoyo interno.

La elección puede cambiar el equilibrio, no necesariamente el sistema

La hipótesis de una victoria estudiantil no debe confundirse con una transición democrática inmediata. Incluso si la coalición opositora obtiene un resultado suficiente para disputar el Gobierno, heredaría una administración, un aparato mediático y unas redes locales construidas durante años por el Partido Progresista. Reformar los tribunales, investigar la corrupción y desmontar el clientelismo exigiría tiempo, acuerdos internos y una mayoría social sostenida. Además, la heterogeneidad de la candidatura estudiantil, que constituye su principal fortaleza movilizadora, puede convertirse en una debilidad cuando llegue el momento de decidir sobre la economía, Kosovo, las relaciones con Rusia o el futuro del litio.

El escenario más probable es, por ello, una etapa de contestación prolongada. Una victoria de Vučić podría darle un nuevo mandato, pero no resolvería el problema de legitimidad. El presidente tendría incentivos para endurecer el control de los medios, acelerar acuerdos económicos estratégicos y presentar la protesta como una amenaza a la estabilidad. Una victoria ajustada de la oposición, en cambio, podría desencadenar disputas sobre la administración electoral, presiones institucionales y movilizaciones simultáneas de partidarios y detractores. En ambos casos, el riesgo inmediato es que la competencia política se traslade de las urnas a la calle.

Hay tres riesgos que merecen especial atención. El primero es la intimidación social en territorios donde el partido gobernante controla empleo y recursos, porque puede reducir la participación real de los sectores descontentos. El segundo es la politización de los proyectos mineros y de infraestructura: si el Gobierno los utiliza como prueba de progreso y la oposición como símbolo de corrupción, cualquier negociación ambiental puede convertirse en una batalla existencial. El tercero es la explotación del contexto internacional. La guerra en Europa, la rivalidad entre China y Occidente y la cuestión de Kosovo ofrecen a Vučić argumentos para reclamar unidad nacional y aplazar las reformas.

El desenlace no dependerá únicamente de quién encabece el recuento, sino de si Serbia consigue transformar el malestar en instituciones verificables. La protesta estudiantil ha demostrado que el miedo puede romperse cuando la indignación encuentra una organización común. Pero también ha dejado claro que sustituir a un líder no basta. El verdadero desafío consiste en impedir que la estabilidad vuelva a utilizarse como justificación para la concentración del poder, y en convencer a los ciudadanos de que la lucha contra la corrupción puede producir mejoras concretas sin poner en riesgo la seguridad económica y nacional que muchos asocian, todavía, con el largo dominio de Aleksandar Vučić.