Las elecciones serbias del domingo no se decidirán únicamente en los colegios electorales. También se librarán en los informativos, en las cadenas públicas, en las plataformas digitales y en la capacidad de cada candidatura para hacer llegar su mensaje a una sociedad sometida a una creciente disputa por el control del relato. El movimiento universitario que desafía al sistema político de Aleksandar Vucic se enfrenta a una estructura mediática profundamente desequilibrada, denunciada por organismos europeos, Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.

El dato más expresivo procede del Centro de Investigación, Transparencia y Responsabilidad (CRTA): durante los primeros once días de campaña, Vucic apareció 17 veces en televisión en directo. En el conjunto del año, sus discursos televisados alcanzaron las 500 emisiones. La radiotelevisión pública RTS dedicó al mandatario y a su Gobierno el 93 % del tiempo reservado a la información electoral, frente a apenas un 7 % para la oposición. La diferencia se reduce ligeramente al incorporar las cadenas privadas, pero el desequilibrio sigue siendo sustancial: la oposición sólo alcanza el 15 %.

La ventaja electoral empieza mucho antes de depositar el voto

Estos porcentajes no describen simplemente una cobertura favorable a un candidato. Señalan una alteración de las condiciones de competencia. En una democracia electoral, la igualdad no consiste en que todas las fuerzas dispongan de idénticos recursos económicos o idéntica organización, pero sí en que los ciudadanos puedan conocer sus propuestas y evaluar sus responsabilidades con un mínimo de pluralidad. Cuando una figura concentra casi toda la visibilidad institucional, la campaña deja de ser un intercambio de argumentos y se aproxima a una comunicación de Gobierno con apariencia electoral.

La primera conclusión es que el control mediático funciona como una infraestructura de poder. No necesita prohibir formalmente a la oposición ni cerrar todos sus medios para producir efectos políticos. Basta con otorgar al Gobierno una presencia permanente, presentar sus decisiones como el centro natural de la actualidad y relegar a sus adversarios a espacios marginales o defensivos. La exposición repetida genera familiaridad, fija los temas de debate y permite que el poder defina de antemano qué debe considerarse un problema nacional.

La consecuencia más profunda afecta a los votantes indecisos y a quienes no siguen de manera activa la política en redes sociales. El electorado que sólo recibe información de la televisión pública puede interpretar la ausencia de determinadas candidaturas como una señal de irrelevancia, falta de apoyo o incluso sospecha. El silenciamiento no siempre opera mediante una orden explícita; también puede producirse por selección de temas, duración de las intervenciones, orden de las noticias y frecuencia de las apariciones.

La situación resulta especialmente significativa porque Vucic conoce desde dentro el papel que puede desempeñar la prensa en una crisis de régimen. Era ministro de Información cuando las protestas ciudadanas contribuyeron a la caída de Slobodan Milosevic en 2000, un episodio en el que los medios independientes ayudaron a romper el monopolio informativo del poder. Dos décadas después, la batalla se desarrolla en un entorno más complejo, pero la lección permanece: quien controla los canales de interpretación puede retrasar, fragmentar o desactivar la presión social incluso cuando existe descontento.

De la concentración televisiva a la captura de los medios críticos

La controversia en torno a Nova S y N1 introduce un segundo nivel de riesgo. Ambas eran consideradas las últimas televisiones independientes relevantes del país y han sido adquiridas por Alpac Capital, propietario de Euronews. Varias ONG relacionan a esa empresa con el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán y con Telekom Serbia, compañía estatal bajo control de Vucic. Las vinculaciones empresariales, por sí solas, no prueban una instrucción política concreta. Sin embargo, en un mercado donde los medios críticos ya son escasos, cualquier cambio de propiedad puede modificar de forma decisiva la percepción de independencia.

El relevo de directores editoriales elevó la alarma. Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de Periodistas, denunció una «toma brutal» y afirmó que se había nombrado como redactor jefe a un propagandista en un clima de terror. La dimisión de diez periodistas destacados de N1 agravó el temor a que el día de las elecciones no exista una fuente independiente capaz de informar con credibilidad sobre el recuento y las posibles irregularidades.

Este episodio muestra que la independencia periodística no depende sólo de la existencia legal de un canal. También requiere estabilidad de las redacciones, autonomía de los editores, protección frente a presiones comerciales y continuidad de los profesionales con experiencia. Un medio puede conservar su licencia, su marca y su audiencia, pero perder capacidad crítica si sus periodistas abandonan la organización o si los nuevos responsables convierten la cobertura política en una extensión de la comunicación gubernamental.

La segunda idea central es que la concentración mediática produce un efecto acumulativo. La presencia dominante de Vucic en RTS sería ya problemática; la presión sobre las televisiones independientes amplía el problema porque reduce los espacios donde esa cobertura puede ser contrastada. Si además los medios críticos deben dedicar sus energías a defender su supervivencia, disminuyen los recursos disponibles para investigar corrupción, vigilar el uso de fondos públicos o verificar las denuncias de las distintas candidaturas.

La acusación de desinformación se convierte en arma política

CRTA sostiene que la oposición, los actores independientes y las organizaciones de la sociedad civil están sometidos a campañas de difamación. Según Vukosava Crnjanski, directora de la entidad, Serbia se encuentra «ahogada en desinformación» y sus principales fuentes serían funcionarios públicos y medios nacionales. Las protestas pacíficas de los estudiantes constituyen uno de los principales campos de disputa: el Gobierno y sus partidarios las presentan como parte de un supuesto caos provocado desde el exterior, mientras que sus organizadores las describen como una movilización cívica contra la corrupción, la falta de rendición de cuentas y el deterioro institucional.

El Gobierno de Vucic y su partido, el SNS, rechazan las acusaciones de control y sostienen que sus adversarios forman parte de un intento extranjero de desestabilizar Serbia. Esa defensa no debe ser descartada sin examinar el contexto geopolítico. Belgrado mantiene una posición particular frente a la guerra de Ucrania: Vucic no ha permitido que el país se sume a las sanciones occidentales contra Rusia, y las cadenas Russia Today y Sputnik operan en Serbia difundiendo mensajes prorrusos, antioccidentales, populistas y autoritarios.

La controversia no se reduce, por tanto, a una disputa entre medios y Gobierno. También enfrenta dos interpretaciones sobre la soberanía nacional. Para el poder, la crítica interna puede presentarse como una operación financiada desde el extranjero; para sus opositores, esa acusación sirve para deslegitimar cualquier protesta y desplazar la discusión desde los problemas domésticos hacia una amenaza externa. El riesgo aparece cuando el argumento de la injerencia se utiliza de manera indiscriminada: una preocupación legítima por la influencia extranjera puede transformarse en una herramienta para etiquetar como enemiga a toda organización independiente.

La presencia de medios rusos añade complejidad al ecosistema informativo, pero no explica por sí sola la asimetría electoral. La cuestión decisiva es la combinación entre propaganda externa, hegemonía de las cadenas nacionales y debilidad de los mecanismos internos de verificación. Cuando varias fuentes difunden relatos convergentes y los medios con capacidad de contrastarlos pierden audiencia, periodistas o acceso, el ciudadano no sólo recibe información sesgada: pierde la posibilidad práctica de distinguir hechos comprobados, opiniones partidistas y acusaciones estratégicas.

Las redes sociales abren una vía, pero no garantizan pluralismo

La Lista de los Estudiantes, marginada por los medios tradicionales, ha encontrado en las redes sociales un canal para comunicarse directamente con los votantes. Algunos expertos señalan que no se ha detectado hasta ahora una manipulación comparable a la observada en otros países, como Brasil, donde Meta ha sido acusada de injerencia. Esta diferencia ofrece al movimiento universitario una oportunidad: puede difundir vídeos, actos y mensajes sin depender por completo de los espacios concedidos por la televisión.

Pero el desplazamiento hacia las plataformas digitales no equivale a una solución institucional. Las redes permiten sortear el filtro de las cadenas, aunque favorecen la comunicación emocional, la segmentación y la circulación de contenidos difíciles de verificar. Además, el alcance de una campaña digital depende de la infraestructura técnica, de los algoritmos y de la capacidad de cada grupo para responder rápidamente a las campañas de desprestigio. Un movimiento puede ganar visibilidad sin lograr que su mensaje llegue a los sectores rurales, mayores o menos conectados que siguen consumiendo televisión.

La tercera conclusión es que las plataformas pueden equilibrar temporalmente el acceso a la palabra, pero no sustituyen a un sistema de medios plural y profesional. La Lista de los Estudiantes podría movilizar a una generación conectada y crear una red de testigos electorales, pero necesitará mecanismos de verificación y una estrategia para llegar a públicos que no participan en la conversación digital. De lo contrario, el país podría quedar dividido entre una televisión dominada por el Gobierno y redes sociales con comunidades políticas cada vez más cerradas.

La alerta internacional y el coste para el periodismo

Las advertencias de los organismos internacionales dibujan una tendencia que excede el calendario electoral. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha recogido denuncias de ataques y campañas de desprestigio contra periodistas, además de obstáculos para su trabajo. Naciones Unidas ha expresado preocupación por el uso de programas espía y vigilancia digital contra periodistas, activistas estudiantiles y figuras opositoras. Michael O’Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, describió un «deterioro repentino» marcado por malos tratos, impunidad ante agresiones policiales y demandas judiciales abusivas contra medios críticos.

La combinación de vigilancia, violencia impune y litigios intimidatorios tiene un efecto que raramente aparece en las estadísticas de audiencia: induce autocensura. Un periodista no necesita ser condenado para modificar su conducta. Puede bastar con que observe que colegas son vigilados, que una denuncia no se investiga o que un medio enfrenta una sucesión de demandas costosas. El resultado es una prensa que reduce las investigaciones más delicadas, suaviza los titulares y evita fuentes que puedan provocar represalias.

Reporteros Sin Fronteras sitúa a Serbia en el puesto 104 de 180 países en su clasificación de libertad de prensa, la peor posición del país desde que existe el índice y el nivel más bajo entre los países balcánicos. La cifra no describe un único episodio, sino el deterioro de un entorno: concentración de la propiedad, desigualdad en el acceso a la información, ataques discursivos contra periodistas y debilidad de las garantías institucionales. Para el sector, el impacto se traduce en fuga de profesionales, pérdida de confianza de la audiencia y mayor dependencia de financiación externa o de grupos empresariales.

Después de las urnas: tres escenarios de riesgo

El día electoral será una prueba inmediata para las redacciones. Si los resultados son ajustados o la oposición denuncia irregularidades, la ausencia de un canal independiente con autoridad puede alimentar versiones incompatibles y convertir el recuento en una batalla de narrativas. La primera amenaza es una crisis de credibilidad: no necesariamente porque el resultado sea falso, sino porque una parte significativa de la sociedad no reconozca como fiables a las instituciones encargadas de comunicarlo.

El segundo riesgo es la intensificación de la presión contra los medios que cuestionen al Gobierno. Una victoria del SNS podría interpretarse como autorización para profundizar la concentración empresarial y ampliar el uso de demandas, vigilancia o campañas de difamación. Una derrota, en cambio, podría desencadenar acusaciones de fraude extranjero, presión sobre los periodistas que documenten las protestas y un intento de controlar la transición mediante la televisión pública y las empresas estatales.

El tercer escenario afecta a la relación de Serbia con Europa. La Unión Europea puede condenar el deterioro mediático y vincularlo a sus estándares democráticos, pero su capacidad de influencia dependerá de la coherencia entre sus declaraciones y las consecuencias políticas o financieras. Si las advertencias no modifican los incentivos del Gobierno, los actores serbios pueden concluir que la libertad de prensa es una condición negociable frente a otros intereses estratégicos, como la estabilidad regional, la relación con Belgrado o el equilibrio geopolítico respecto a Rusia.

La trayectoria futura dependerá también de la capacidad de los periodistas, estudiantes, organizaciones civiles y votantes para construir mecanismos de comprobación independientes. La observación electoral, la publicación transparente de datos, la protección jurídica de los denunciantes y la cooperación entre redacciones podrían limitar el impacto de la propaganda. Sin reformas en la propiedad de los medios, reglas claras de acceso equitativo a la televisión pública y una investigación efectiva de las agresiones, esas iniciativas tendrán un alcance defensivo, pero no suficiente para corregir la estructura de fondo.

Serbia llega a las urnas con una disputa abierta sobre quién tiene derecho a definir la realidad política del país. Vucic conserva una ventaja de visibilidad extraordinaria y cuenta con un aparato institucional y mediático capaz de presentar su gestión como el centro inevitable de la campaña. El movimiento universitario ha demostrado que todavía existen vías de movilización y comunicación fuera de los canales tradicionales, pero su capacidad para transformar esa energía en representación política dependerá de que pueda superar la barrera informativa. En estas elecciones, la libertad de los medios no es un asunto paralelo al resultado: es una de las condiciones que determinarán cómo se interpreta, se acepta y se impugna el resultado.