Un tribunal colegiado federal concedió amparo directo a tres exmilitares condenados a 20 años de prisión por delitos contra la salud y delincuencia organizada, y ordenó emitir una sentencia absolutoria y tramitar su libertad inmediata, exclusivamente respecto de esta causa penal. Los acusados permanecían presos desde febrero de 2011.
La resolución dejó sin efectos el fallo del Tribunal Superior Militar al concluir que la acusación se apoyó en pruebas ilícitas, obtenidas tras detenciones ilegales, retenciones prolongadas y presuntos actos de tortura. También determinó que debían excluirse actuaciones ya invalidadas en amparos previos. Sin ese material, los testimonios e inspecciones restantes no bastaban para acreditar los delitos ni una asociación criminal estable.
Pruebas bajo cuestionamiento
El caso comenzó cuando autoridades militares reportaron el hallazgo de cocaína y metanfetaminas durante una comisión de mantenimiento en Tijuana. El tribunal precisó que pertenecer a una cuadrilla técnica y viajar por trabajo a instalaciones militares no demuestra por sí solo colaboración con el narcotráfico; tampoco acredita un acuerdo delictivo ni reparto de funciones. Además de ordenar la absolución, dio vista a la fiscalía federal para investigar las denuncias de tortura física y psicológica.