Turín ha dado el primer paso institucional para presentar ante la Unesco la candidatura del llamado “kilómetro cuadrado de la caridad”, un área situada en el centro histórico de la ciudad y vinculada a una red de iniciativas religiosas y civiles que, durante el siglo XIX, combinó asistencia social, educación, atención sanitaria, acogida de migrantes y reinserción de jóvenes y presos. La firma del protocolo en el arzobispado no convierte todavía el enclave en Patrimonio Mundial: abre un proceso de investigación, delimitación, documentación y negociación con las autoridades culturales italianas que puede prolongarse durante años.

La propuesta se articula alrededor del monumento a san Giuseppe Cafasso y de los lugares en los que trabajaron figuras como don Bosco, don Murialdo, don Cottolengo, don Allamano y los marqueses Giulia y Carlo Tancredi di Barolo. El cardenal Roberto Repole, arzobispo de Turín y Susa, impulsó la idea en enero y ahora la ha formalizado junto al presidente del Piamonte, Alberto Cirio; el alcalde de Turín, Stefano Lo Russo; el secretario general de la Fundación Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi; y la presidenta de la Fundación CRT, Anna Maria Poggi.

La candidatura no celebra solo edificios, sino una forma de organizar la respuesta social

El principal elemento diferencial de la iniciativa es que no pretende presentar un conjunto monumental aislado. Su objeto es una red: instituciones, congregaciones, residencias, escuelas, hospitales, talleres y obras de acogida que actuaban en un espacio relativamente reducido y compartían una misma preocupación por la pobreza urbana. En la Turín industrial del siglo XIX, marcada por la llegada de trabajadores y familias procedentes de otras zonas, la cuestión social no podía resolverse únicamente mediante la beneficencia ocasional. Exigía alojamiento, formación profesional, asistencia médica, disciplina comunitaria y mecanismos de integración.

En ese sentido, el “kilómetro cuadrado” funciona como una unidad histórica más que como una simple medida geográfica. El valor de la candidatura dependerá de demostrar que existió una relación verificable entre los distintos actores y que sus iniciativas produjeron un modelo reconocible de promoción humana. La diferencia es importante: la Unesco no evalúa únicamente la antigüedad de un edificio ni la fama de sus protagonistas, sino el valor universal excepcional de un bien, su autenticidad, su integridad y la capacidad de conservarlo.

Las organizaciones que nacieron de aquel impulso ofrecen un argumento de continuidad. El Cottolengo mantiene servicios de atención a personas vulnerables; los Giuseppini del Murialdo conservan una vocación educativa y profesional; los misioneros vinculados a Allamano desarrollan actividades religiosas y sociales; el Distrito Social Barolo y las obras de Valdocco siguen relacionados con la asistencia, la educación y la inclusión. Esa supervivencia permite presentar el área como un patrimonio vivo, pero también introduce una dificultad: las actividades actuales no deben utilizarse para ocultar vacíos documentales o transformaciones profundas de los espacios originales.

El primer efecto será institucional: coordinar una historia dispersa

La firma del protocolo reúne a actores que normalmente trabajan con calendarios y objetivos distintos. La Iglesia aporta archivos, memoria y una red de congregaciones; el Ayuntamiento gestiona el espacio urbano, el turismo y los servicios públicos; la región participa en la planificación territorial; las fundaciones pueden financiar investigación, restauración y actividades culturales. La candidatura puede convertirse, por tanto, en un mecanismo para ordenar una documentación que hasta ahora ha estado fragmentada entre archivos religiosos, administraciones, asociaciones y propietarios privados.

Ese esfuerzo tendrá consecuencias para el sector cultural y turístico de Turín. La ciudad ya dispone de una identidad vinculada a la industria, a la casa de Saboya, al diseño y a la producción automovilística. Un itinerario dedicado a la historia de la solidaridad ampliaría la oferta hacia un turismo cultural menos concentrado en palacios y museos. También podría favorecer visitas educativas, rutas de arquitectura social, programas universitarios y proyectos de investigación sobre la pobreza urbana, la migración y la evolución de los servicios comunitarios.

Pero la rentabilidad turística no debe ser el criterio dominante. La experiencia de otros sitios inscritos en la lista de la Unesco muestra que el reconocimiento internacional puede aumentar rápidamente las visitas, los precios inmobiliarios y la presión sobre el espacio público. En un área central y compacta, la llegada de grupos organizados puede alterar la vida cotidiana de residentes, usuarios de servicios sociales y comunidades religiosas. Si el barrio se convierte en un decorado histórico, la candidatura perdería precisamente la dimensión social que pretende defender.

La primera tesis: el patrimonio social puede ser más difícil de proteger que un monumento

La propuesta parte de una idea ambiciosa: una sociedad también puede legar como patrimonio sus formas de cuidar, educar y emancipar. Esa perspectiva amplía el concepto tradicional de conservación, demasiado centrado en fachadas, obras de arte y restos arqueológicos. Sin embargo, proteger una red social histórica es más complejo que restaurar una iglesia o una residencia. Los edificios pueden delimitarse; las relaciones, los métodos pedagógicos y las prácticas de acogida requieren archivos, testimonios, inventarios y una interpretación crítica.

La candidatura deberá responder a preguntas incómodas. ¿Qué parte del valor reside en los edificios y qué parte en las actividades que albergaban? ¿Cómo se demostrará la influencia mutua entre las distintas obras? ¿Qué lugar ocuparán las mujeres, los laicos, los trabajadores y los propios beneficiarios de la asistencia en una historia dominada por nombres religiosos y aristocráticos? ¿Se narrará la caridad como una experiencia de emancipación o también como una forma de control social propia de la época?

Estas preguntas no debilitan el proyecto. Al contrario, pueden hacerlo más sólido. La asistencia del siglo XIX combinaba ayuda material con normas sobre conducta, trabajo, familia y religión. Reconocer esa ambivalencia permitiría evitar una lectura hagiográfica y convertir el enclave en un laboratorio de historia social. Un sitio que explique tanto sus logros como sus límites tendría mayor interés académico y una relación más honesta con los debates contemporáneos sobre pobreza, dependencia y derechos sociales.

La segunda tesis: la continuidad actual será una ventaja solo si no sustituye a la prueba histórica

El hecho de que varias instituciones sigan activas aporta una conexión excepcional entre pasado y presente. En una época en la que muchos lugares patrimoniales han perdido su función original, Turín puede mostrar que ciertas obras de acogida y educación no quedaron congeladas en una vitrina. Esta continuidad también facilita la creación de programas para escuelas, voluntarios y profesionales de los servicios sociales, con una dimensión práctica que difícilmente puede ofrecer un monumento sin uso.

El riesgo aparece cuando la vigencia de una institución se convierte en argumento suficiente para certificar la importancia histórica de todo el conjunto. Una organización puede haber cambiado de misión, de escala, de estructura jurídica o de relación con la comunidad. Por eso, el expediente necesitará separar con precisión tres planos: la documentación del siglo XIX, la evolución posterior y la actividad contemporánea. La continuidad debe ser demostrada, no simplemente declarada.

La investigación debería incluir series presupuestarias, reglamentos, correspondencia, censos de usuarios, registros médicos y educativos, planos urbanos y testimonios de las personas atendidas. Esos materiales permitirían medir el alcance real de las iniciativas. También ayudarían a distinguir entre una influencia local importante y un modelo con capacidad de comparación internacional. La afirmación de que Turín ofrece una experiencia “única en el mundo” exigirá criterios verificables, no solo una formulación institucional atractiva.

La tercera tesis: el valor universal dependerá de la comparación, no de la retórica

La Unesco exige que un bien propuesto trascienda su contexto nacional. En este caso, el argumento más fuerte no consiste en afirmar que Turín inventó la solidaridad, sino en demostrar que allí se articuló de manera especialmente temprana y coordinada una respuesta a problemas que después se volverían globales: urbanización acelerada, migración interna, abandono infantil, enfermedad, desempleo y exclusión penitenciaria.

Para sostener esa tesis, el expediente tendrá que comparar el modelo turinés con otras experiencias europeas de asistencia urbana, con las primeras sociedades mutualistas, con instituciones de protección infantil y con iniciativas de formación profesional nacidas durante la industrialización. La comparación puede revelar tanto la singularidad como los límites del caso. Si el proyecto demuestra que la red combinó escala territorial, diversidad de servicios y continuidad institucional, su candidatura ganará fuerza. Si se apoya exclusivamente en la celebridad de sus fundadores, quedará expuesto a la crítica de excepcionalismo local.

El discurso del cardenal Repole, según el cual la mayor herencia de la humanidad es la propia humanidad, ofrece una poderosa clave interpretativa. También plantea una tensión: el patrimonio debe ser universal, pero no puede convertirse en una abstracción moral desvinculada de conflictos concretos. La pobreza, la inmigración y la enfermedad no fueron problemas neutrales; estuvieron atravesados por desigualdades de clase, género y poder. Una lectura contemporánea tendrá que explicar quién decidía qué era ayuda, quién la recibía y bajo qué condiciones.

Entre la memoria religiosa y la gestión pública

La participación conjunta de las autoridades civiles, las fundaciones y la archidiócesis reduce el riesgo de que la iniciativa quede encerrada en un ámbito confesional. Sin embargo, también puede generar tensiones. Para la Iglesia, el reconocimiento validaría una tradición de servicio y ofrecería una plataforma para actualizar su presencia social. Para el Ayuntamiento y la región, la candidatura puede reforzar la identidad urbana, atraer recursos y consolidar una política cultural. Para las fundaciones, representa una oportunidad de financiar proyectos con visibilidad internacional y utilidad educativa.

Los residentes y las entidades sociales pueden tener prioridades diferentes. Les interesará saber si el proyecto aportará recursos a los servicios existentes, mejorará el espacio público y protegerá el acceso de las personas vulnerables, o si concentrará la inversión en restauraciones y campañas de promoción. También pueden surgir debates sobre la titularidad de los archivos, el uso de edificios históricos, la circulación de visitantes y la representación de comunidades migrantes actuales, que deberían formar parte de la narrativa de un lugar históricamente construido alrededor de la movilidad humana.

La gobernanza será, por tanto, tan importante como la arquitectura. Un comité amplio, con participación de investigadores independientes, vecinos, usuarios de los servicios, responsables religiosos y administraciones, podría dar credibilidad al proceso. La transparencia sobre el presupuesto, los criterios de selección documental y los planes de conservación será decisiva para evitar que la candidatura sea percibida como una operación de marca territorial.

El proceso puede redefinir la relación entre patrimonio y bienestar

La candidatura llega en un momento en el que las ciudades europeas buscan nuevas respuestas al envejecimiento, la precariedad habitacional y la integración de migrantes. El interés del caso turinés no reside solo en su pasado. Puede servir para recuperar principios de proximidad: servicios concentrados, cooperación entre instituciones, formación para el trabajo y atención a la persona más allá de una única necesidad. No se trata de copiar literalmente una estructura del siglo XIX, sino de estudiar cómo se construyó una red capaz de actuar antes de que existieran los actuales sistemas públicos de protección.

Ese legado, no obstante, no debe presentarse como sustituto de las políticas sociales contemporáneas. La caridad dependía de la voluntad de benefactores y de comunidades religiosas; los derechos sociales modernos exigen universalidad, financiación estable y rendición de cuentas. El valor histórico del “kilómetro cuadrado” puede consistir precisamente en mostrar la transición entre ambos modelos y en abrir un debate sobre la cooperación entre Estado, sociedad civil y organizaciones confesionales.

En los próximos meses cabe esperar una fase de inventario y delimitación del área, seguida por la selección de los bienes que integrarían el expediente. Después será necesario coordinar la propuesta con el Ministerio de Cultura italiano y con los procedimientos nacionales de la lista indicativa. La inclusión definitiva, si llega, no dependerá del entusiasmo inicial, sino de la calidad de la documentación, la protección jurídica y la gestión a largo plazo.

Los riesgos que decidirán el resultado

El primer riesgo es la inflación patrimonial. En un contexto en el que cada ciudad busca convertir nuevos episodios de su historia en atractivo internacional, la candidatura tendrá que demostrar que aporta una dimensión verdaderamente excepcional y no solo una historia local bien contada. El segundo es la simplificación religiosa: reducir una red compleja a una sucesión de “santos sociales” invisibilizaría a trabajadores, mujeres, administradores, voluntarios y beneficiarios.

El tercero es la turistificación. Si el reconocimiento aumenta el valor inmobiliario y desplaza a residentes o servicios sociales, el proyecto entraría en contradicción con su propio mensaje. El cuarto es la fragmentación institucional: varios propietarios y entidades con distintas prioridades pueden ralentizar las decisiones sobre conservación, acceso y financiación. Finalmente, existe un riesgo reputacional. Una investigación crítica sobre las prácticas de asistencia, las relaciones de autoridad o los episodios controvertidos del pasado podría provocar incomodidad, pero ocultarla sería mucho más dañino si emerge durante la evaluación internacional.

Turín tiene la oportunidad de defender una idea relevante: que el patrimonio no está formado únicamente por aquello que una sociedad construyó, sino también por la manera en que respondió a quienes quedaban al margen. Para que esa idea alcance reconocimiento mundial, el “kilómetro cuadrado de la caridad” tendrá que demostrar que su historia es documentable, compleja y transferible. El éxito no se medirá solo por la inscripción en la lista de la Unesco, sino por la capacidad de mantener abiertos los espacios de acogida, hacer accesible la memoria y convertir el pasado en una herramienta útil para afrontar las desigualdades del presente.