El 10 de octubre de 2025, la firma de un alto el fuego presentado como una salida a la guerra de Gaza alimentó la expectativa de que comenzara una etapa de reconstrucción y retorno. Un año después, esa promesa aparece profundamente erosionada. Los ataques israelíes se han reducido respecto a las fases más intensas del conflicto, pero, según las cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad gazatí, no han desaparecido: cerca de 1.500 personas han muerto y más de 5.100 han resultado heridas desde el acuerdo.

La diferencia entre un descenso de la violencia y una paz efectiva resulta decisiva para entender la situación. Un alto el fuego no consiste únicamente en que disminuya la frecuencia de los bombardeos. Requiere mecanismos de vigilancia, garantías para la población civil, acceso sostenido de la ayuda humanitaria, circulación de bienes y un marco político capaz de impedir que cada incidente vuelva a desencadenar una escalada. En Gaza, ninguno de esos elementos parece haberse consolidado de forma suficiente.

La pausa nació con una contradicción de origen

El acuerdo fue impulsado bajo una fuerte presión de Estados Unidos y se presentó como un punto de inflexión después de una campaña militar que había devastado buena parte de la Franja. Sin embargo, la reducción de los ataques no estuvo acompañada de una solución clara para las cuestiones que habían alimentado el conflicto: el control territorial, la seguridad de Israel, el futuro político de Gaza, la presencia de grupos armados, el acceso humanitario y la responsabilidad por las violaciones cometidas contra civiles.

Cuando un acuerdo limita las operaciones militares, pero deja sin resolver quién supervisa su cumplimiento y qué consecuencias existen para quien lo infringe, la tregua queda expuesta a una dinámica de hechos consumados. Cada ataque puede ser presentado como una respuesta defensiva; cada operación, como una acción excepcional; cada restricción sobre la ayuda, como una medida de seguridad. El resultado es una violencia de menor intensidad, pero suficientemente persistente para impedir la recuperación de la población.

La denuncia de incumplimientos por parte de Israel y la ausencia de una respuesta internacional capaz de modificar esa conducta han debilitado la credibilidad del acuerdo. La cuestión no es solamente jurídica o diplomática. Para los habitantes de Gaza, la falta de garantías transforma cualquier anuncio de cese de hostilidades en una promesa provisional, incapaz de sostener decisiones básicas como regresar a casa, reparar una vivienda o reabrir un negocio.

También queda en entredicho el papel de Estados Unidos. Washington ejerció presión para alcanzar el alto el fuego, pero la influencia política no se ha traducido, según las acusaciones recogidas, en una supervisión efectiva. La llamada Junta de la Paz, presidida por Donald Trump, aparece en este contexto como un actor que no ha conseguido impedir la continuidad de los ataques o que, como mínimo, ha tolerado su persistencia. Esa percepción tiene un coste: si el principal garante no aplica condiciones verificables, los acuerdos futuros partirán de una confianza todavía menor.

La destrucción no termina cuando dejan de caer las bombas

Las cifras acumuladas muestran la dimensión del problema. Desde el comienzo de la guerra habrían muerto cerca de 75.000 palestinos, entre ellos unos 21.000 niños, mientras alrededor de 175.000 personas habrían resultado heridas. El 90% de la población se ha visto desplazada y aproximadamente seis de cada diez gazatíes han perdido su vivienda. Son datos que no describen únicamente una emergencia militar: reflejan la desarticulación de una sociedad entera.

La destrucción de una vivienda produce efectos que se prolongan mucho más allá del impacto inicial. Una familia que pierde su casa pierde también documentos, ahorros, medicamentos, herramientas de trabajo y redes de apoyo. Si el edificio donde se refugia termina derrumbándose, el desplazamiento vuelve a convertirse en una amenaza mortal. El fallecimiento de unas 21 personas en edificios desplomados mientras buscaban protección frente al frío ilustra cómo la crisis habitacional se transforma en un riesgo sanitario y de seguridad.

La falta de agua corriente y electricidad agrava cada una de esas consecuencias. Sin suministro regular, las familias dependen de camiones cisterna y deben hacer cola para llenar bidones. Esta dependencia introduce nuevos puntos de vulnerabilidad: una interrupción logística, un ataque contra la infraestructura o una restricción fronteriza puede dejar sin agua a barrios enteros. Además, la ausencia de electricidad afecta a hospitales, sistemas de bombeo, conservación de alimentos, comunicaciones y escuelas. La reconstrucción física no podrá avanzar si no se restablecen primero esos servicios esenciales.

El bloqueo también modifica la naturaleza de la ayuda. Cuando los mercados funcionan con normalidad, incluso las familias pobres pueden combinar asistencia, trabajo ocasional y compra de alimentos. Cuando el acceso está restringido y la economía local queda paralizada, la población depende casi por completo de la distribución humanitaria. Esa dependencia no solo aumenta el sufrimiento inmediato; reduce la capacidad de las comunidades para recuperar autonomía y convierte cada convoy en un elemento estratégico del conflicto.

Una generación atrapada entre la emergencia y la ausencia de futuro

Los niños son el grupo más expuesto a los efectos acumulativos de la guerra. La pérdida de familiares, las heridas, el desplazamiento constante y la interrupción de la escolarización generan daños que no se solucionan con un simple retorno de la calma. La educación deja de ser un servicio ordinario y pasa a competir con la necesidad de encontrar refugio, agua y alimentos. Cada curso perdido reduce las oportunidades futuras y aumenta el riesgo de pobreza prolongada.

La salud pública enfrenta una presión similar. Las heridas de guerra son solo una parte del problema. La falta de agua segura, el hacinamiento, el frío, la escasez de medicamentos y la interrupción de tratamientos para enfermedades crónicas pueden elevar la mortalidad incluso cuando disminuyen los ataques. En ese escenario, un hospital sin electricidad o sin suministros no puede responder de manera adecuada ni a una emergencia masiva ni a una dolencia cotidiana.

La exposición prolongada a la inseguridad también tiene efectos sociales menos visibles. Las familias desplazadas se separan, los menores asumen responsabilidades adultas y las personas mayores pierden sus redes de cuidado. El deterioro de las condiciones materiales puede alimentar conflictos dentro de las propias comunidades, mientras la incertidumbre impide planificar. No se trata solo de sobrevivir un día más, sino de vivir sin capacidad para imaginar una trayectoria estable.

Reconstruir Gaza exigirá algo más que dinero

La reconstrucción requerirá enormes recursos para retirar escombros, reparar redes de agua y electricidad, recuperar hospitales, rehabilitar escuelas y levantar viviendas. Pero la financiación, por sí sola, no resolverá el problema. Antes habrá que determinar quién administra los fondos, cómo se garantiza que los materiales entren en la Franja y qué autoridad coordina las obras. Sin seguridad y sin un acuerdo político mínimo, cada proyecto quedará expuesto a nuevos ataques, bloqueos o disputas de jurisdicción.

Existe además una relación directa entre reconstrucción y rendición de cuentas. Si la destrucción de infraestructuras civiles no tiene consecuencias, los donantes pueden verse obligados a financiar repetidamente la reparación de instalaciones que vuelven a ser dañadas. Esa lógica produce una reconstrucción circular: se invierte para recuperar un servicio, el servicio queda inutilizado durante una nueva escalada y la población regresa al punto de partida. Para romperla se necesitan supervisión independiente, protección efectiva de civiles y compromisos que puedan verificarse sobre el terreno.

El coste económico alcanzará también a la región. Una Gaza sin actividad productiva, con una población desplazada y dependiente de la ayuda, seguirá requiriendo asistencia durante años. Los países vecinos afrontarán presiones adicionales por el movimiento de personas, el comercio y la seguridad. Al mismo tiempo, la prolongación de la crisis puede radicalizar posiciones políticas en toda Oriente Próximo y dificultar acuerdos sobre fronteras, cooperación energética o normalización de relaciones.

La credibilidad de la diplomacia queda en juego

El aniversario del alto el fuego no representa únicamente un balance de víctimas. Es una prueba para el sistema internacional. Si un acuerdo anunciado con respaldo estadounidense no logra proteger a la población ni abrir un acceso humanitario estable, otros actores pueden concluir que las garantías diplomáticas dependen más de la correlación de fuerzas que de las obligaciones asumidas. Esa percepción debilita la utilidad de futuras mediaciones y hace más difícil convencer a las partes de que acepten concesiones.

La salida exige combinar presión política, supervisión independiente y un calendario concreto. La protección de civiles debe medirse mediante incidentes documentados y no solo mediante declaraciones. El acceso de la ayuda necesita rutas previsibles y mecanismos que impidan su uso como instrumento de presión. La recuperación de servicios debe quedar vinculada a una autoridad reconocida y transparente. Y cualquier horizonte de reconstrucción tendrá que incluir una discusión creíble sobre la representación política y la seguridad de la población.

Mientras esas condiciones no existan, Gaza continuará atrapada en una situación intermedia: demasiado devastada para recuperarse por sí sola, pero demasiado expuesta a la violencia para reconstruirse con estabilidad. Un año después del alto el fuego, la reducción de los ataques no ha producido paz, y la supervivencia diaria sigue dependiendo de la ayuda, de refugios precarios y de decisiones tomadas fuera de la Franja. La cuestión central ya no es solo cuándo terminará la guerra, sino si la comunidad internacional será capaz de convertir una pausa frágil en un proceso verificable de protección, reparación y futuro político.