Una jueza federal de California ha ordenado suspender las operaciones de campo y las entrevistas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vinculadas a la elegibilidad de votantes en nueve estados, al considerar que esas actuaciones pueden constituir intimidación electoral. La medida afecta a California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin, y permanecerá vigente hasta las 20.00 horas del 3 de noviembre de 2026, cuando concluya la jornada electoral.
La resolución de Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, comenzará a aplicarse a las 17.00 horas de este viernes 23 de octubre. El requerimiento preliminar impide al DHS realizar entrevistas u operaciones cuando los agentes sepan, sospechen o debieran razonablemente sospechar que las personas afectadas son ciudadanos estadounidenses. También bloquea las actuaciones basadas únicamente en registros del sistema TECS generados por la denominada Política de Coincidencia de Elegibilidad de Votantes.
Una intervención judicial a pocos días de las urnas
El fallo supone un freno inmediato a la “Iniciativa de Votantes Ilegales”, puesta en marcha en agosto por la Administración Trump dentro de su estrategia contra el fraude electoral. En el marco de ese programa, el DHS había ordenado a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) interrogar a personas sobre su derecho a votar en los nueve estados incluidos en la orden.
La proximidad de las elecciones de medio mandato ha sido decisiva en la valoración judicial. La jueza no ha declarado resuelto el litigio, pero sí ha concluido que los demandantes presentan una probabilidad elevada de demostrar que las operaciones vulneran la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto. Esa disposición prohíbe las amenazas o acciones de intimidación destinadas a impedir que los ciudadanos acudan a las urnas, participen en campañas o ayuden a otros votantes.
El problema de las listas y la falta de una base federal
Uno de los elementos centrales de la decisión es el método utilizado para identificar a los presuntos votantes no elegibles. Según la resolución, el Gobierno construyó listas a partir de casi 100 millones de registros procedentes de fuentes diversas. Sin embargo, Estados Unidos no dispone de una base de datos federal única y plenamente fiable que permita verificar la ciudadanía de cada persona incluida en esos archivos.
Para Martínez-Olguín, esa carencia genera una alta probabilidad de errores, especialmente cuando se cruzan datos administrativos, migratorios y electorales elaborados con criterios diferentes. Una coincidencia documental puede activar una investigación sin demostrar que la persona carezca de ciudadanía o haya cometido una infracción. El riesgo no es meramente técnico: cuando la comprobación la realizan agentes federales armados y se produce en un domicilio, la incertidumbre de la base de datos se transforma en una experiencia potencialmente coercitiva.
El tribunal también ha tomado en cuenta la difusión pública de arrestos por parte del DHS. A juicio de la jueza, la combinación de registros inexactos, presencia policial en viviendas y publicidad de las detenciones puede crear un temor objetivamente razonable a ser perseguido o detenido por error. Ese temor, incluso cuando no se materializa en una acusación, puede afectar a la participación política de ciudadanos y organizaciones.
Demandantes y efectos sobre la movilización
La demanda fue presentada, entre otros actores, por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, la ciudad y el condado de San Francisco, el condado de Santa Clara y la Fundación Voto Latino. Las organizaciones sostienen que ciudadanos estadounidenses vinculados a sus campañas han dejado de participar en tareas de movilización, educación electoral y asistencia a votantes por miedo a convertirse en objetivos de una investigación migratoria.
La relevancia de este argumento reside en que la posible intimidación no se limita a quienes reciben una visita o una entrevista. Si los voluntarios, trabajadores sanitarios, líderes comunitarios o familiares creen que colaborar con una campaña puede exponerles a una revisión de su estatus, la presión se extiende por toda la red de participación. En estados donde las elecciones pueden decidirse por márgenes estrechos, una reducción de la asistencia a votantes puede tener efectos políticos aunque no exista una prohibición formal de acudir a las urnas.
El equilibrio entre fraude y garantías electorales
La Administración sostiene que combatir el fraude electoral responde a un interés público legítimo. La resolución, sin embargo, diferencia entre investigar irregularidades con pruebas verificables y desplegar operaciones basadas en coincidencias que pueden confundir a ciudadanos con personas presuntamente no elegibles. Para el tribunal, el interés público en unas elecciones seguras y libres de intimidación pesa mucho más que el interés federal en mantener estos métodos concretos durante el periodo electoral.
La decisión no impide toda investigación relacionada con delitos electorales ni resuelve de manera definitiva el alcance de las competencias del DHS. Su efecto es más limitado y, al mismo tiempo, inmediato: congela determinadas operaciones y entrevistas hasta el cierre de las urnas. El caso plantea así una cuestión que excede el calendario de 2026: cómo deben utilizarse los datos administrativos en procesos electorales y qué controles son necesarios cuando un error de identificación puede desalentar la participación ciudadana.
La disputa también deja abierta la tensión entre la prevención del fraude y la protección de los derechos políticos. La existencia de registros masivos puede facilitar la detección de patrones, pero no sustituye la verificación individual ni elimina las garantías legales. En este caso, la jueza ha considerado que la falta de precisión de las listas, unida al contexto operativo y a la cercanía de las elecciones, convierte el riesgo de intimidación en una amenaza suficientemente concreta para justificar la intervención cautelar.