La discusión sobre el diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro vuelve a ocupar el centro de la escena por una razón esencial: después de casi 25 años de conversaciones fallidas, la alternativa a negociar sigue sin aparecer con claridad. La desconfianza acumulada es comprensible. Numerosos procesos terminaron en compromisos incumplidos, maniobras dilatorias o rupturas provocadas por el propio Gobierno. Pero el desgaste de la vía negociadora no ha producido, hasta ahora, una estrategia opositora capaz de sustituirla.

Un cuarto de siglo de acuerdos que no cambiaron el poder

La historia reciente ofrece una secuencia difícil de ignorar. Tras los hechos de abril de 2002, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo impulsaron la Mesa de Negociación y Acuerdos. Su resultado más visible fue el referéndum revocatorio de 2004, aunque aquel proceso también dejó en evidencia el control institucional del chavismo y la disposición del régimen a utilizar las reglas electorales en su propio beneficio.

Más tarde, las protestas masivas iniciadas en 2014 dieron paso al llamado Diálogo en Miraflores, promovido por UNASUR y el Vaticano. La segunda ronda, desarrollada a finales de 2016, terminó cuando el Gobierno no cumplió sus compromisos sobre garantías electorales. En 2017, la oposición abandonó el proceso. Un año después, la iniciativa encabezada por el presidente dominicano Danilo Medina se desintegró cuando el régimen presentó un acuerdo propio, ignorando las propuestas opositoras y cerrando también la posibilidad de crear un canal humanitario para alimentos y medicinas.

El proceso noruego de 2019, trasladado posteriormente de Oslo a Barbados, concluyó tras las sanciones económicas estadounidenses. Las conversaciones de México produjeron en 2021 un Memorándum de Entendimiento, suspendido por Maduro después de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Cuando las reuniones se reanudaron en 2022, el interés oficial se concentró en descongelar fondos venezolanos retenidos en el extranjero. Los Acuerdos de Barbados, finalmente, facilitaron el camino hacia las elecciones presidenciales de 2024, pero no impidieron la inhabilitación de María Corina Machado, la denuncia de fraude ni la persecución posterior contra quienes respaldaron a Edmundo González Urrutia.

La repetición del fracaso no elimina la necesidad de negociar

Esta cadena explica la sospecha instalada en amplios sectores democráticos. Cada negociación ha sido evaluada no solo por sus documentos, sino por su capacidad para modificar la conducta del poder. Y el balance, desde esa perspectiva, es negativo: los compromisos electorales no se cumplieron, los presos políticos no fueron liberados de manera sostenida y las instituciones continuaron sometidas al Ejecutivo.

Sin embargo, convertir esa experiencia en una condena absoluta del diálogo también contiene un problema estratégico. Las negociaciones no ocurren siempre bajo las mismas condiciones. Cambian la presión internacional, la capacidad de movilización interna, la cohesión del régimen, el costo de la represión y el respaldo que cada actor conserva dentro y fuera del país. En otros procesos de transición, acuerdos que parecían improductivos en una etapa terminaron siendo útiles cuando el equilibrio de fuerzas se modificó.

La cuestión decisiva, por tanto, no es si dialogar resulta moralmente aceptable después de tantos incumplimientos, sino bajo qué condiciones puede convertirse en una herramienta de presión. Un acuerdo sin verificación, garantías y consecuencias para quien lo viola tiende a ser una pausa útil para el poder. Una negociación respaldada por una presión internacional coordinada y por una oposición organizada puede, en cambio, producir cambios parciales que acumulen capacidad institucional.

El proceso actual tiene un patrocinador distinto y objetivos más concretos

La negociación protagonizada por Dinorah Figuera, en representación de la oposición democrática, y Jorge Rodríguez, por el régimen madurista, presenta una diferencia relevante: está tutelada directamente por Estados Unidos, a través del Departamento de Estado. Esa participación no garantiza resultados, pero modifica el cálculo de los actores y eleva el costo político de una ruptura unilateral.

El avance es lento y limitado, pero el proceso habría conseguido encaminar discusiones sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. No se trata de una transformación del sistema ni de una garantía de elecciones libres. Son, en el mejor de los casos, movimientos preliminares destinados a recuperar instituciones que el régimen ha utilizado para bloquear la competencia democrática.

La lentitud cumple además una función para el Gobierno. Retrasar decisiones permite dividir a la oposición, conservar el control de los tiempos y evitar concesiones irreversibles. Por eso, la presión estadounidense solo tendrá efecto si se acompaña de objetivos verificables, plazos definidos y una respuesta clara ante cada incumplimiento. La tutela externa puede abrir una oportunidad, pero no puede reemplazar la organización política dentro de Venezuela.

La fractura opositora se agrava sin un plan alternativo

Las recientes declaraciones de María Corina Machado, interpretadas como una ruptura con el plan impulsado por Donald Trump y Marco Rubio y como una denuncia de los obstáculos que le impiden regresar a Venezuela, amenazan con profundizar la división opositora. El desacuerdo no es menor: enfrenta a quienes consideran que debe utilizarse la presión de Estados Unidos para obtener avances en la mesa y a quienes rechazan cualquier negociación con el régimen.

El segundo sector expresa una objeción legítima: negociar con una dictadura puede terminar legitimando el fraude y ofreciendo tiempo para la represión. Pero esa posición enfrenta una pregunta que todavía no ha respondido: ¿qué mecanismo concreto sustituiría al diálogo? No se observa, según el panorama descrito, una movilización sostenida en las calles, una estructura nacional capaz de ejercer presión sistemática ni una estrategia alternativa con capacidad inmediata para alterar la relación de fuerzas.

La oposición venezolana necesita preservar la crítica y evitar que la negociación se convierta en una repetición automática de concesiones. Al mismo tiempo, rechazarla sin construir otra vía puede dejar el terreno libre al régimen, que precisamente se beneficia de la fragmentación y de la ausencia de una hoja de ruta común. La prioridad no debería ser defender el diálogo como principio, sino convertirlo en un instrumento condicionado, medible y subordinado a la recuperación de la competencia electoral y del Estado de derecho.